El coloquio “Ciencia y Sociedad: Salud Pública en el Perú”, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) se efectuó  el 27 de septiembre  del 2018 con el objeto de “remarcar la importancia de la evidencia científica en la salud pública para lograr una sociedad sana y preparada para afrontar y resolver sus problemas”, que contó con la participación de destacadas personalidades políticas y académicas peruanas, a través de ponencias y paneles de debate especializados. El autor fue invitado –junto con la Dra. Pilar  Mazzeti y el Dr. Max Hernández–  a participar en el Panel sobre Difusión y popularización del conocimiento científico en Salud Pública. Se transcribe la participación del autor en los siguientes párrafos de esta publicación.

En el  Derecho Internacional  se reconoce jurídicamente que “el disfrute del más alto nivel posible de saludes un derecho humano fundamental e indispensable por el valor que tiene la salud en sí misma, así como por ser una condición  para el ejercicio efectivo de los demás derechos humanos. El objetivo de un enfoque de la Salud Pública, basado en este derecho, es que todas las políticas, estrategias y programas de salud  se formulen con el fin de mejorar progresivamente el goce del derecho a la salud para todos. Las intervenciones colectivas para conseguirlo  deben regirse por los principios de: no discriminación, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad,  calidad,  rendición de cuentas y universalidad.  Principios que sustentan los compromisos normativos aprobados por los gobiernos del mundo en la reunión de Alma Ata sobre la atención primaria de la salud, con la intención  de garantizar la eficacia, la equidad y la solidaridad social de los sistemas nacionales de salud. Compromisos reiterados en numerosos eventos internacionales promovidos, en las últimas cuatro décadas, por Naciones Unidas y otras entidades vinculadas con el desarrollo humano,  en una sociedad mundial que desde el último tercio del siglo anterior  sufre  grandes  cambios  políticos,  económicos y culturales.

Por otro lado, los avances del saber científico interdisciplinario en el campo de la  salud pública han permitido alcanzar una mayor eficacia técnica de las  intervenciones  dirigidas al cuidado integral de la salud de las  personas y comunidades. Los logros acumulados por las ciencias biomédicas y otras afines impulsan, cada vez con más fuerza, la disponibilidad de tecnologías de alta eficacia sanitaria. Además, los adelantos de las tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente las digitales, están siendo utilizadas  para mejorar la difusión y la popularización del  conocimiento sanitario, así como para asegurar la transparencia y la gestión apropiada  de los procesos pertinentes.  Posibilitando de esta manera el empoderamiento de  las personas para que se sientan dueñas de su salud y su atención de salud.  

Sin embargo, 40 años después de Alma Ata, el cumplimiento de aquellos compromisos y la democratización de esos avances no fueron los esperados y, por tanto, no han sido suficientes para garantizar sistemas de salud  eficaces, equitativos y solidarios en los países latinoamericanos. Las estrategias de atención primaria y de promoción de la salud fueron tempranamente distorsionadas y, además, implementadas de manera insuficiente y desigual entre y dentro de los países. El acceso efectivo a las tecnologías eficaces continuó siendo muy desigual, por causas  que se derivan   tanto de  las limitaciones internas  de los sistemas de salud y de ciencia-tecnología, como de las restricciones contextuales impuestas a dichos sistemas por políticas gubernamentales de desarrollo socioeconómico orientadas al éxito material, antes que al entendimiento social. Éxito material que, con una racionalidad unidimensional de carácter instrumental, es evaluado con criterios de beneficio económico y de dominio político, es decir en términos de lucro y de poder, sin consideración suficiente  de las consecuencias sociales de este tipo de éxito.

40 años después de Alma Ata, el cumplimiento de aquellos compromisos y la democratización de esos avances no fueron los esperados y, por tanto, no han sido suficientes para garantizar sistemas de salud  eficaces, equitativos y solidarios en los países latinoamericanos…

Es así, que en octubre del 2014, el Consejo Directivo de la OPS ya señalaba que esos resultados era la consecuencia de la persistencia en la Región de las Américas de tres grandes obstáculos. El primero, la Región seguía siendo una de las más inequitativas del mundo. El segundo, el proceso para disminuir  la inequidad en salud se hacía más complejo debido a los nuevos patrones epidemiológicos y demográficos que demandan respuestas innovadoras de los sistemas de salud. El tercero, los sistemas de salud seguían actuando  con grandes inequidades, financiamiento desigual, fragmentación y segmentación, falta de sostenibilidad y escasa flexibilidad para responder a las necesidades de la población y hacer frente a los desafíos procedentes de contextos nacionales e internacionales  cambiantes y más difíciles.

De acuerdo con la información disponible, todo lo anterior se puede aplicar a la situación del sistema nacional de salud en el Perú, cuyos niveles de eficacia, equidad y solidaridad, así como sus índices de progreso  científico-tecnológico son, además, inferiores a los  que se señalan para el promedio  latinoamericano. En el  Informe de la  “Comisión de Protección Social”,  nombrado por el Gobierno Peruano en enero del 2017,  se describe del modo  siguiente la situación del sistema  de salud en nuestro país: “Existe consenso en que tenemos un sistema fragmentado y segmentado. El gasto público per cápita en salud significa el 3,3% del PBI, cuando el promedio en la región está cercano al 8% y el compromiso firmado en el Acuerdo Nacional es del 6%. Una de cada cinco personas no está cubierta por ninguno de  los sistemas  públicos vigentes y tampoco puede costearse un seguro privado (…) el gasto actual per cápita en el sector público es de S/85 por asegurado, cuando el costo real debería ser de S/532 (…) la calidad de los servicios es muy baja en promedio y con muchísima varianza de una región a otra del país. Del total de hospitales públicos, 40% tiene una antigüedad de entre 26 y 50 años y carece de un adecuado mantenimiento y reposición. En suma, es un aparato ineficiente e inequitativo”.

Por el lado del sistema de ciencia y tecnología, los datos del I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo en Centros de Investigación, muestran que el Perú   continúa estancado y rezagado, en comparación con otros países latinoamericanos, en lo que se refiere al gasto en aquellos Centros. Es así, que el año 2015 el gasto aludido significó en el Perú, apenas el 0,08 por ciento del PBI, índice que está por debajo de Colombia (0,25 %), Chile (0,38%) y México (0,54%). Además, en la distribución de aquel exiguo gasto solo el 9,8% se destinó a Ciencias Médicas y de Salud. Así mismo, de manera concordante con estos datos el CONCYTEC califica como un problema nacional la escasa cultura científica en la sociedad peruana.

Esta situación insatisfactoria de nuestros sistemas nacionales de salud y de ciencia-tecnología puede entenderse, cuando la contextualizamos en una  sociedad que al mantener su carácter patrimonial, fragmentado y excluyente, heredado de su época colonial,  nunca pudo encontrar respuestas viables y sostenibles a los grandes problemas nacionales. Peor aún, devaluó la justicia, la solidaridad, la honestidad, la dignidad y la disciplina de los principales actores sociales. Devaluación que fomentó,  en las últimas décadas, avances de la informalidad, la impunidad y el  individualismo sin límites en nuestro mundo social;  donde, en palabras de Julio Cotler, “cada persona hace lo que le da la gana mientras  se lo permitan”. Avances negativos  cuyas consecuencias se manifiestan crudamente en la actual crisis moral de las  instituciones jurídicas y políticas peruanas. 

El señalamiento de esas dificultades contextuales no es una expresión de pesimismo o conformismo, sino de la urgencia de comenzar a actuar con una “racionalidad comunicativa“,  apoyando todo esfuerzo dirigido a  la construcción de  una nueva sociedad peruana de carácter democrático, integrado e incluyente. Sociedad que, sólo así, estará en condiciones, en un futuro aún no previsible, de aplicar con éxito una Política General de Estado conducida de manera auténtica y transparente al logro del Bien Común; teniendo como uno de sus componentes principales una política sanitaria que garantice la salud para todos.

Racionalidad comunicativa y multidimensional, vinculada con el supuesto y (la permanente posibilidad) de la institucionalización de un nuevo pacto  social,  fundamentado y legitimado –  de manera equilibrada y complementaria – en los mejores argumentos científico-tecnológicos, jurídico-políticos y ético-morales expuestos y consensuado.

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FUENTE

En Internet: https://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias/1491-para-resolver-los-problemas-de-la-salud-publica-urge-intervencion-multidisciplinaria

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