LA FACULTAD DE MEDICINA DE SAN FERNANDO DURANTE LA “PATRIA NUEVA” Y LA CRISIS DE LOS AÑOS TREINTA


Capítulo 7 del libro: “San Fernando y su contribución a la moralidad médica en el Bicentenario de la independencia del Perú“.


La “generación del centenario”: reforma universitaria

Contexto durante el “oncenio” de Leguía y la crisis de los 30

El gobierno de Leguía diseñó, desde sus inicios,  una política económica  atractiva para el capitalismo norteamericano —que invirtió en diversos sectores de la economía peruana en niveles nunca antes vistos— y solicitó a los bancos una enorme cantidad de préstamos para modernizar y consolidar el aparato estatal peruano. De este modo,  el Estado Peruano se convirtió en un instrumento de progreso económico.  Asimismo, con Leguía en el gobierno se cambió la dinámica del ejercicio del poder en el Perú. Por primera vez en el siglo xx ocurría la separación de la oligarquía del ejercicio directo del poder —una circunstancia ligada a su deliberada ruptura con el partido civilista— y el fin de la llamada “República Aristocrática”. Las relaciones de Leguía con el imperialismo norteamericano fueron una prolongación de las que se mantuvieron durante la República Aristocrática; sin embargo su vínculo con los gamonales fue bastante conflictivo.

En su primera etapa de gobierno, de 1919 a 1923,  el mensaje de Leguía fue  reformista y democratizador.  Revalorizó el aporte de la comunidad indígena y garantizó desde el poder el desarrollo de la crítica social al orden, la sociedad y la cultura oligárquicos. Asimismo, mediante la modernización del Estado, la política de construcción de carreteras, la promoción del comercio y de la industria, y la apertura a la inversión y a la banca internacional, promovió el desarrollo de la clase obrera, la burocracia y las clases medias. Su apoyo inicial a los movimientos universitarios que exigían una reforma y a los grupos pro indigenistas movilizó a los nacientes núcleos de intelectuales regionales y limeños. Sin embargo,  la situación económica, política y social que encontró Leguía en esta primera etapa era bastante inestable. El orden social continuaba siendo  afectado por diversos hechos  políticos iniciados al final del período anterior; los indígenas continuaban con sus resistencias, en especial entre 1920 y 1923; adicionalmente, la nueva fuerza social que emergió en esos años fue el movimiento obrero que hizo de la ciudad el principal escenario de sus luchas en busca de justicia social.

Durante la segunda etapa del “oncenio”, de 1923 a 1930,  Leguía abandonó sus propuestas democráticas iniciales permitiendo que los banqueros norteamericanos controlaran  la economía e influyeran en la política.  El rechazo de los grupos medios y populares a este cambio de conducta se expresa  en los discursos de nuevas fuerzas sociales que aparecían en el escenario político impugnando las desigualdades sociales que no se reducían. Se incrementó la organización sindical, así como la radicalización de los  movimientos obreros y estudiantiles. En este contexto surgen el Partido Socialista (marxista) de José Carlos Mariátegui y el APRA (anti-imperialista y anti-oligárquico) de Víctor Raúl Haya de la Torre. Hacia finales del “oncenio” se agudizan las  manifestaciones públicas de protesta y descontento que son violentamente reprimidas por el gobierno, que termina aislado de los distintos sectores  que le dieron inicialmente apoyo.  Finalmente, a esos problemas se sumaron los derivados de los efectos del crack financiero de Wall Street (1929); entre ellos, la  suspensión del apoyo de la banca norteamericana, con una sensible baja de la actividad económica y de las rentas fiscales nacionales,  desencadenándose una profunda crisis económica en el Perú.

En medio de esa crisis económica, la desocupación se hizo alarmante en las ciudades, los empleados fiscales, cuyo número se había multiplicado durante el “oncenio” se encontraban impagos; se asistió a múltiples conflictos y huelgas que tuvieron como origen la rebaja de los salarios. Esos hechos, dejaron al Estado en condiciones de extrema vulnerabilidad económica, lo cual se materializó negativamente en los órdenes social y político de la sociedad. Se desencadenaron varias asonadas militares contra Leguía, que tuvieron un desenlace el 22 de agosto de 1930, con el triunfo de  una sublevación acaudillada por el comandante Luis M. Sánchez Cerro en Arequipa, recibida con aprobación tanto por los civilistas como por los seguidores de los nuevos movimientos populares. El Manifiesto de Arequipa, recoge una serie de demandas populares muy concretas: la descentralización, la democratización,  la moralización y la realización de una  Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Política alternativa a la del 1920, surgida en el ”oncenio”.

Pero, la oligarquía y el Ejército no estaban cohesionados políticamente sumándose, en consecuencia,  la desorientación política a la crisis económica. Las pugnas entre las fracciones oligárquicas y los distintos sectores militares asociados generaron  una gran inestabilidad política  que provocó la renuncia de la Junta Militar de Gobierno presidida por Sánchez Cerro. El  10 de marzo de 1931, la nueva Junta de Gobierno, presidida por Samanez Ocampo, formalizó la convocatoria a las Elecciones Generales, atendiendo  la creciente demanda que las fuerzas  populares hacían  al respecto.

El período pre-electoral, de marzo a diciembre de 1931, transcurrió en un entorno de creciente de polarización. El APRA creció y se convirtió  el principal partido de masas populares en el país. Por otra parte, un  nuevo partido político, la Unión Revolucionaria apareció como una aglutinación de fuerzas sociales conservadoras, tras la candidatura de Sánchez Cerro, para defender el viejo orden oligárquico. El resultado final de este proceso electoral  llevó a Sánchez Cerro a la Presidencia de la República,

Sin embargo, el triunfo de Sánchez Cerro en esos comicios electorales, lejos de restablecer el orden social agudizó la violencia política en el país. En julio de 1932 se produjo la sublevación aprista en Trujillo, con la muerte de las fuerzas militares acuarteladas en esa ciudad. Al no recibir el suficiente respaldo, los insurrectos son arrasados por las fuerzas del Ejército. La derrota militar aprista marcó fácticamente una alianza entre la oligarquía y el Ejército para controlar los movimientos populares

El 30 de abril de 1933, menos de un mes después de promulgarse la Constitución Política de 1933,  el presidente Sánchez Cerro fue asesinado. En esta situación de agudización de la crisis política, la Asamblea Constituyente  eligió al General Oscar Benavides para completar el período presidencial de Sánchez Cerro.

La “generación del centenario”

En 1919, un conjunto de  estudiantes sanmarquinos,  agrupados alrededor de la figura estelar del Maestro  Raúl Porras Barrenechea, organizó un ciclo de conferencias sobre la historia del período 1800-1825, el mismo que fue inaugurado, como el “Conversatorio Universitario”,  el 10 de junio de 1919, con ocasión del cumplimiento del primer centenario de la independencia nacional. Pretendían reivindicar la historia de ese período, en tanto tenían la  convicción de que  el relato oficial del mismo  estaba  falseado. Para ello debía reexaminarse  las fuentes históricas, para que a través de ellas se fundamente, de  manera crítica,  una nueva mirada sobre la historia peruana y la identidad nacional. Entre los estudiantes que formaban parte de ese conjunto se encontraban: Jorge Basadre, Manuel Abastos, Ricardo Vegas García,  Eloy Espinosa Saldaña, y Jorge Guillermo Leguía.

Los miembros de ese grupo de intelectuales  constituirían el núcleo  de la llamada actualmente  “generación del centenario”. La cual, mostraría en su pensamiento y acción   una orientación ideológica opuesta a la que había mantenido la   “generación novecentista”; , mostrando en su conducta una línea de gran compromiso con “lo social”, que varió desde una fuerte sensibilidad social hasta un maximalismo revolucionario. Como miembros de esta nueva generación, han sido identificados – además de los ya nombrados – a los personajes que se enumeran a continuación:  Luis Alberto Sánchez, Martín Adán, César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui,  Luis E. Valcárcel, Emilio Romero y Eleazar Guzmán Barrón.  La mayoría de estos  intelectuales serían protagonistas de los hechos que se sucederían durante la reforma universitaria en nuestro país.

Reforma y contrarreforma universitaria en el Perú: 1919-1933

En 1918 se había iniciado en Córdova, Argentina, el movimiento estudiantil en favor de la Reforma  Universitaria, la  cual implicaba una lucha contra la estratificación conservadora de las Universidades latinoamericanas. El estudiantado sanmarquino recogió el mensaje de tal movimiento en 1919 y lo procesó de manera  beligerante.  Las demandas estudiantiles se fundamentaban, como cita Jorge Basadre, en el anhelo de mejoramiento y modernización de la enseñanza; y propugnaban  la participación del estudiante en el gobierno universitario, la docencia libre, el derecho de tacha, la supresión de la lista, la libertad de enseñar y la creación de seminarios y de becas para estudiantes pobres. La reforma universitaria de 1919 fue, aparte de un estallido de clases medias en la población estudiantil,  una protesta ostensible contra lo que los miembros de la “generación centenario” calificaron  como “esclerosis de la docencia”.

En palabras de  Manuel Burga,  historiador y ex-rector de la UNMSM, eran los años de la primera mitad del período de la “Universidad de las clases medias”.

Leguía había sido elegido “Maestro de la Juventud” en 1918 y había manifestado simpatías hacia la reforma al asistir el 1º de agosto a la ceremonia de inauguración de la nueva directiva de la Federación de Estudiantes. Po ello,  que  la manifestación estudiantil por la  reforma, reunida el 4 de septiembre de 1919, terminó en la Plaza de Armas para entregar al presidente Leguía un memorial que solicitaba su intervención en el conflicto universitario. Fue rápida y  favorable  la respuesta gubernamental a dicha solicitud: el presidente Leguía y el ministro de educación Arturo Osores firmaron  el Decreto Supremo del 20 de setiembre de 1919. Decreto que estableció cátedras libres en las facultades con aprobación del Concejo Universitario, y ordeno que dos profesores  delegados elegidos por los alumnos como sus representantes formaran parte del Consejo Universitario.

Un mes después,  las Leyes 4002 y 4004 del 13 y 16 de octubre de 1919, legalizaron el  curso formal del nuevo proceso de reforma universitaria iniciado con aquel decreto. En ellas se legitimaban  los principios fundamentales de la Reforma: autonomía universitaria, cogobierno, extensión universitaria, libertad de cátedra, cátedra paralela y cátedra libre.  Se declaraba la vacancia de las cátedras con enseñanza deficiente, con la cual se dio validez a las tachas estudiantiles, pero con ciertas condiciones.  Luego, la  Ley Orgánica de Enseñanza, del 30 de junio de 1920, sustentada en el contenido de la Leyes 4002 y 4004,  acogió con más fuerza  los postulados de la reforma,  entre ellas el principio de la participación estudiantil, y dio un curso formal permanente a la nueva  institución universitaria, en el marco legal establecido.  Fueron elegidos como representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario los catedráticos: José Antonio Encinas y Carlos Enrique Paz Soldán; en esta primera etapa se logró la participación indirecta de los estudiantes, a través de dos catedráticos, elegidos por voto universal de los alumnos.

Sin embargo, esa nueva normatividad  no satisfizo a las partes en conflicto y, por lo mismo, no fue  suficiente  para evitar los problemas derivados de los enfrentamientos entre docentes y estudiantes, así como de los cambios  políticos que se producían dentro y fuera de la Universidad. Se sucedían, los recesos y las reaperturas del claustro, huelgas y asambleas estudiantiles, así como se iniciaron las deportaciones de líderes estudiantiles. Finalmente, la magnitud de  estos problemas provocó la expedición del  nuevo Decreto del 31 de mayo 1921, que declaró en  receso a la Universidad de San Marcos para su “reorganización”.  Receso que se suspendería recién en abril de 1922, sobre la base de una  norma parlamentaria y una Resolución Suprema fechada el 12 de dicho mes. El primer centenario de la independencia nacional encontró  a la Universidad en receso.

Descontentos con esa última Resolución Suprema, los estudiantes se aliaron con los trabajadores para luchar por una “auténtica” reforma universitaria y por las reivindicaciones obreras. El  movimiento estudiantil optaba por politizarse abiertamente, comenzando con su enfrentamiento con Leguía que ingresaba a su segunda fase de gobierno. Una muestra de ello fue la movilización de estudiantes y obreros del 23 de mayo de 1923, en nombre de libertad de conciencia y contra el proyecto de consagrar  el Perú al Sagrado Corazón de Jesús. El mitin de protesta fue fuertemente reprimido, ocasionando la muerte de un estudiante y  un obrero. Las protestas estudiantes  volvieron a estallar tumultuosamente en 1924 y 1925. 

 El 23 de julio de 1928 el Gobierno de Leguía, en respuesta a esas manifestaciones estudiantiles , aprobó el  “Estatuto Universitario de 1928”, según el cual el Ministerio de Educación controlaría la Universidad a través de un Consejo  Nacional de Enseñanza Universitaria, conformado por cuatro delegados del Gobierno y  cuatro de las Universidades.  El Estatuto tendió a restringir severamente la autonomía  universitaria,     derogando  la parte de las universidades reguladas en la Ley de 1920 y modificando sustancialmente el gobierno de las facultades. También mediatizó la participación estudiantil, negando la presencia  activa de sus representantes  en el gobierno universitario. Esta norma, además,   anulaba la personería a la Federación de Estudiantes, en tanto la consideraba “un centro de indisciplina que perturbaba las actividades de Claustro”. Al tomar conocimiento  del contenido del   Estatuto, el Dr. José Matías Manzanilla renunció al cargo de Rector de la Universidad de San Marcos.

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“Este segundo movimiento de la reforma universitaria tiene como origen la confrontación de la universidad con el régimen del oncenio y el desconocimiento por parte de Leguía der aquella libertad que en los momentos iniciales de su gobierno, en 1919, concedía a favor del sistema universitario (…) Como es obvio, este Estatuto rígidamente intervencionista y antidemocrático dio lugar a una abierta resistencia por parte de la Universidad, que pasó a convertirse en un bastión de la lucha contra la dictadura de Leguía”

E. Bernales, 1994, p. 71

Producida la caída del gobierno de Leguía, la Junta Militar de Gobierno expidió un Decreto, con fecha 25 de agosto de 1930, declarando en suspenso el Estatuto de 1928 y poniendo en vigencia la Ley Orgánica de Enseñanza  de 1920. Decreto en el que se realzaban los valores reformistas y se pretendía iniciar la restauración del régimen anterior.  Sin embargo, esta  restauración  no sería  pacífica en la Universidad de San Marcos,  debido a las resistencias de los que entonces  representaban  al civilismo, así como de los  leguiistas  que había pervivido en la Universidad.

Después de algunos conflictos entre los estudiantes y los profesores sanmarquinos , la Junta Militar de Gobierno de Sánchez Cerro promulgó,  el 6 de febrero de 1931. un  “Estatuto para la Universidad de San Marcos”, contenido en el Decreto Ley 7029. Nueva norma que  legitimó  el régimen legal de la Universidad, a partir de los principios  establecidos en la Ley de 1920; es decir,  devolviendo a la universidad los atributos de elegir a sus autoridades; consagrando el  tercio estudiantil (art. 7º),  el  derecho de tacha (art. 20º)  y, en general,  todo lo esencial de su articulado. Meses después, el Decreto Ley 7260, del 4 de agosto de 1931, complementaba el anterior, formalizando  la organización de San  Marcos; además,  al enumerar el régimen facultativo de la misma, sentó por primera vez el derecho de la universidad a regular su régimen académico.

Formalizado el nuevo Estatuto Universitario, se convocó a la elección del Rector de la Universidad de San Marcos, siendo elegido el Maestro José Antonio Encinas, ampliamente identificado con el pensamiento reformista. Elección efectuada el 20 de marzo de 1931, en el que salió derrotado el magistrado Víctor Andrés Belaúnde, distinguido miembro de la “generación novecentista”.  El nuevo Rector inició un vigorosa modernización de las orientaciones de la Universidad y efectuó el primer ensayo de participación del “tercio estudiantil” en el gobierno del claustro. Lamentablemente no se llegó a reglamentar el Estatuto, lo que provocó serios problemas entre profesores y alumnos: “…se afirma que en este período el estudiante adquirió como nunca en la historia de la Universidad, tal poder y hegemonía, que lo impulsó a atentar contra el  principio de la autoridad (…) pretendió por todos los medios de avasallar la autoridad de los catedráticos, así como la moral de ellos sufrió serios quebrantos” (Simón Pérez Alva, 1969, p. 81).

Los grupos de estudiantes politizados se fortalecieron en la Universidad y, producido el triunfo de Sánchez Cerro en las Elecciones Presidenciales de 1931 comenzaron sus acciones de  oposición al nuevo Gobierno Constitucional. Éste,  respondió a tales acciones  con el Decreto de 8 de mayo de 1932, por el que se suspendió el funcionamiento de la Universidad de San Marcos y se cesó  a sus autoridades. Encinas fue deportado, después de ejercer el cargo de Rector por un año, un mes y 19 días. El receso sanmarquino duraría tres años, un mes y 19 días.

Facultad de San Fernando durante la reforma universitaria

Al iniciarse la reforma universitaria, el Dr. Ernesto Odriozola era el decano de la Facultad de Medicina de San Fernando, quien tuvo que liderar a los profesores de la Facultad en su resistencia a la intervención estatal en la gestión universitaria, así como arbitrar en los conflictos entre profesores y estudiantes. El 15 de noviembre de 1919, en cumplimiento ir lo dispuesto en las leyes 4002 y 4004, varias cátedras de la facultad fueron declaradas vacantes, motivando las renuncias de los profesores correspondientes. Los subsiguientes meses fueron especialmente difíciles para Odriozola: “Solo su presencia pudo evitar el colapso de la Facultad. Continuó en tal delicada labor hasta el 16 de marzo de 1921, día en que muere súbitamente en el local de la avenida Grau.

Dos años después de iniciada la reforma universitaria   y cinco meses antes de su muerte, E. Odriozola comentaba lo siguiente: “Por razones que el Rectorado conoce bien, la Facultad de Medicina ha tenido que enfrentar  la más honda crisis que registra su historia. La reforma de la docencia, después del conflicto universitario que culminó con una amplia renovación de su personal, prometedora de muy provechoso resultado, no ha resuelto aún el problema de fondo, porque en el aprendizaje actual de la Medicina, la inteligencia y el saber son condiciones muy valiosas ciertamente, pero incapaces de ejercitarse con fruto, sino disponen de los elementos necesarios para ponerlos en relieve. Mientras la Facultad no los posea, es inútil hablar de reformas sustanciales (E. Odriozola, 1921, p. iii). 

En realidad, el período 1919-1933 que estudiamos, aunque cronológicamente tiene una extensión de 14 años, fue interrumpido por dos recesos universitarios, el del año 1921 y el que se inició el año 1932; es decir, sólo tuvo  once años efectivos de actividad académica. De esos once años,  nueve estuvieron a cargo  del decano Guillermo Gastañeta (de 1922 a 1931), con el invalorable apoyo del secretario Hermilio Valdizán. Fue un período, entonces, marcado por la presencia de estos dos personajes especiales, quienes asumieron la responsabilidad de conducir la institución, tratando de evitar el deterioro de la calidad académica de sus actividades.

Al respecto de esa calidad académica, H. Lambert funcionario de la Fundación Rockefeller realizo, en enero de 1926, una evaluación de la Facultad de San Fernando, cuyos resultados mostraron las limitaciones académicas – de acuerdo a los estándares estadounidenses –  existentes en nuestra Facultad. Entre ellas,  la carencia de profesores a tiempo completo, los bajos salarios de los miembros del claustro, la falta de laboratorios y equipos, de aulas de clase, la falta de un hospital docente, el desarrollo incipiente en el  campo de salud pública, el escaso presupuesto financiero disponible y, especialmente,  la ausencia de ideas claras de cómo revertir dicha situación. Parte de la evaluación consistió en conversaciones  con los profesores Carlos Enrique Paz Soldán y Hermilio Valdizán,

Dos años después de esa evaluación, en la revista Mercurio Peruano se trató el tema de la reforma universitaria; en este tratamiento temático, el Maestro Valdizán, secretario académico de la Facultad,  se ocupó de la enseñanza de la Medicina y advirtió, por vez primera en un medio escrito, que la Escuela de Medicina de San Fernando adolecía, desde sus orígenes, del defecto grave de no haber establecido claramente  el tipo de médico a ser formado  y que, en su opinión,  ello explicaba, en parte, la tendencia actual hacia una excesiva especialización de las materias que formaban parte del plan de estudios:

“El año 1922 propuse a la Facultad el establecimiento, previo  a toda reforma a emprender, de aquello que yo llamé entonces el tipo cultural  que nos proponíamos realizar y que la mayoría de la institución aceptó ser el médico  general, impuesto por la realidad peruana (…) la enseñanza de las especialidades, excluidas  Obstetricia y la Pediatría…debe realizarse con una menor  extensión que la actual… Es necesario que la Faculta sacrificando el amor propio docente de sus catedráticos, cada uno de los cuales considera como más importante el curso que enseña, señale  los límites dentro de los cuales debe realizarse la enseñanza médica” (H. Valdizán, 1928; citado por L. A.  Ugarte, 1964, p. 282-283).

El Plan de Estudios de la Escuela de Medicina de San Fernando vigente en esos años, estaba constituido por 34 materias. De este total ocho eran materias de ciencias básicas, cinco de las preclínicas y 21 de las clínicas. De este último subtotal, destaca una subespecialidad quirúrgica, la de Cirugía Infantil y Ortopedia.

No obstante las limitaciones señaladas, la institucionalización de la investigación biomédica recibió un significativo apoyo del decano Gastañeta y de Valdizán. Es así, que se creó el  Laboratorio de Investigaciones Científicas de la Facultad, con la participación de Telémaco Battistini y Alberto Hurtado, quienes regresaban al país después de una larga permanencia  en Estados Unidos (1926).   Se inició la investigación en las grandes alturas, a partir de la Primera Expedición a La Oroya, organizada por Carlos Monge. Asimismo, habiendo regresado de Alemania el Profesor Pedro Weiss, se le encargó la organización del Departamento de Anatomía Patológica. Finalmente, en 1931,  la Universidad creó, a propuesta de Carlos Monge, el Instituto de Biología y Patología  Andina, como parte de la Facultad de Medicina. Este fue el primer instituto de investigación biomédica creado en una Universidad   del país.

Más aún, fueron los facilitadores – en circunstancias tan difíciles –  de una  renovación  del personal académico  que demostraría, en el próximo período, su alta calidad. Entre 1921 y 1934, la renovación de los catedráticos principales avanzó a mayor velocidad. En 1923, Gastañeta se quejaba de que solo 19 de las 34 cátedras estaban ocupadas por catedráticos titulares. En 1934, quince años después de iniciada la reforma universitaria, apenas ocho de los 34 catedráticos principales en 1921 (23,5% del total) permanecían en la Facultad de Medicina. 

Los estudiantes sanfernandinos

Como ya se comentó, las autoridades y profesores sanfernandinos tenían posiciones opuestas con relación a las  disposiciones de la reforma dictadas por el Poder Ejecutivo, especialmente con relación a la participación estudiantil.  Fueron, entonces,  frecuentes las perturbaciones internas en San Fernando, que no siempre coincidían con las existentes en las otras facultades o durante las movilizaciones generales sanmarquinas.

Esas posiciones se endurecerían a partir de  1930, empezando la agitación estudiantil  para el reinicio del proceso de reforma universitaria. Es así, que al no ser atendidos los  reclamos de los alumnos sanmarquinos,  la Federación de Estudiantes del Perú decretó, el 11 de octubre de 1930,  la huelga general universitaria con la ocupación en dos oportunidades de la casona de   San Marcos, que terminaría con la muerte del alumno sanfernandino Guido Calle. La Federación estaba presidida por el alumno de medicina Tomás Escajadillo.

En esos días, tan difíciles, el decano Gastañeta mantenía una posición inflexible frente a los reclamos de reforma –  especialmente a la incorporación del “tercio estudiantil” – pero con una actitud respetuosa. Sin embargo, esa actitud no fue suficiente para evitar  excesos  de parte de algunos  alumnos, en  momentos que se realizaba en el domicilio del decano  una urgente Sesión Extraordinaria del Consejo de la Facultad. Excesos que  provocaron  su renuncia irrevocable a todos los cargos universitarios que ocupaba  en el mes de febrero  de 1931.

El primer secretario general del Centro de Estudiantes de Medicina, durante este período, fue el señor Felipe Chueca (1919-1920), al que sucedió Eleazar Guzmán Barrón (1920-1921), destacado miembro  de la “Generación Centenario”; el último, sería Carlos Gutiérrez Noriega (1931-1932). Por otro lado, el alumno de medicina Ramón Vargas Machuca fue elegido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú en el año 1932, y como tal tuvo que  soportar las represalias de Sánchez Cerro, ya Presidente del Perú, quien lo hizo tomar preso y desterrar a Chile. Vargas Machuca había reemplazado a Tomás Escajadillo.

Influencia estadounidense en la Facultad de San Fernando

J. Lastres, 1956,p. 830

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“La influencia francesa que había sido predominantes el siglo pasado, cede paso al del coloso americano, cuya presencia científica está dada por sus Escuelas centenarias como Harvard (…) Después de la primera guerra mundial nuestros estudiantes y médicos pusieron la proa hacia Norteamérica y fueron a conocer sus adelantos (…) se preparó así personal docente, y pronto las grandes instituciones filantrópicas del Norte, Rockefeller principalmente y Kellog , acudieron con ayuda económica para material de laboratorio y de clínica. Es así como ha quedado definitivamente consolidada ésta benéfica influencia americana que ha dado ya espléndidos frutos a la docencia”

Nuevas fuentes financieras para el desarrollo de la Facultad

No obstante el enorme incremento del gasto público durante el oncenio, la escasez  de recursos financieros para gastos operativos y de inversión caracterizó la gestión de la UNMSM. La excepción fue la Facultad de San Fernando, gracias a la Ley 5604, del 22 de diciembre de 1926. Hasta ese momento sus rentan procedían de las mismas fuentes que tenían las otras facultades sanmarquinas.

La Ley 5604 creó una nueva fuente financiera y donó los terrenos requeridos para la construcción de un Policlínico destinado a la Facultad de Medicina. La nueva fuente consistía en un impuesto de 6% advalorem sobre las especialidades farmacéuticas importadas del extranjero que se consumían en el país. El terreno era el ubicado frente al local central de la Facultad, sito en  la avenida Grau. El principal gestor de esta Ley, fue el Profesor Estanislao Pardo Figueroa, que fue senador de la República y vicepresidente de la Cámara de Senadores en 1925. Tuvo una participación protagónica y decisiva en  la iniciativa, aprobación y promulgación de dicha Ley, con el apoyo decidido del Dr. Francisco Graña, entonces diputado.

Lamentablemente, razones políticas  y de otra índole, impidieron que los fondos fueran utilizados en la construcción del Policlínico, y determinaron que en el terreno donado se edificara, finalmente, el actual Hospital Central Almenara. Sin embargo, las rentas creadas por dicha Ley acrecentaron  significativamente los fondos destinados para el desarrollo de la Facultad. Ello, gracias a la gestión que el decano Gastañeta realizo ante la Junta de Gobierno de Samanez Ocampo (1931), logrando la expedición del Decreto Ley que modificó el texto original de la norma de manera de que permitiera emplear el producto del impuesto en la adquisición de todos los elementos que fueran necesarios para la enseñanza. Entre ellos, las construcciones y ampliaciones tanto en el campus de la Facultad San Fernando, como en las aulas magnas de los hospitales generales 2 de Mayo y Arzobispo Loayza y en los especializados Larco Herrera y Santo Toribio de Mogrovejo, para solo mencionar algunas obras de infraestructura física  que serían inauguradas en las siguientes décadas.

Además, gracias a la gestión del Profesor Carlos E. Paz Soldán, se aprobó la Resolución Legislativa Nº 656, que ordena la construcción del Instituto de Medicina Social, que fue dada el 14 de junio de 1923, y promulgada por el Presidente Leguía, el 27 de junio de 1924. En ella se establecen rentas especiales, con destino a la implantación y funcionamiento del Instituto, que resulten de un impuesto de un cuarto de centavo  por cada envase de agua gaseosa que se produzca o consuma en la ciudad de Lima. Estas rentas y otros aportes permitieron, inicialmente, edificar la primera planta del local del Instituto, que se inauguró en octubre de 1927.

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