NOTAS SOBRE EL TEMA REFORMAS DEL SISTEMA DEL CUIDADO DE LA SALUD EN EL PERÚ REPUBLICANO

por Carlos Bustíos Romaní | 23 Mar 2022 | DAMPySP

INFORMACIÓN PRELIMINAR SOBRE UN ESTUDIO DE LAS REFORMAS

DEL SISTEMA DE SALUD EN LA REPÚBLICA PERUANA: 1821-2021

Introducción

La historia de las respuestas oficiales a los problemas nacionales de salud poblacional solo puede ser entendida o comprendida como parte de la historia de las intenciones y las realizaciones de las políticas generales de progreso o de desarrollo del Estado Peruano, en el contexto del mundo occidental. Intenciones y realizaciones que implican la toma de decisiones de las autoridades gubernamentales en el proceso de la formulación, implementación, aplicación, control y evaluación de los resultados de las estrategias pertinentes. Decisiones que, en el caso de nuestro país, se tomaros con una racionalidad instrumental (unidimensional) orientada al éxito material (lucro, poder), que siempre se impuso a una racionalidad comunicativa (multidimensional) orientada a un entendimiento consensual (deber). Ello se expresa nítidamente en la prioridad de los argumentos político-jurídicos sobre los de carácter científico-tecnológico y, de éstos, sobre los de carácter ético-moral en el escenario político oficial, cuando se tenía o se tiene que tomar una decisión en la que estos argumentos entran en conflicto o en contradicción.

En la República Peruana, los argumentos cognitivos utilizados en el discurso oficial, para fundamentar la validez de la cientificidad, eficacia y eficiencia instrumental de las respuestas gubernamentales a los problemas vinculados directamente con el cuidado de la salud poblacional cambiaron, en los distintos períodos sociopolíticos del país, en un esfuerzo de tratar de aplicar en el país – en forma tardía, acrítica y distorsionada – innovaciones bio-médicas, sanitarias u organizacionales utilizadas con relativo éxito en los países centrales del mundo occidental. Innovaciones que, desde el inicio del siglo XX son promovidas por los expertos de la cooperación técnica internacional en salud y, más recientemente, de organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial.

Por otra parte, los argumentos normativos utilizados en el discurso oficial para sustentar la justicia (en sus sentidos jurídico y moral) de las intenciones y las realizaciones de los distintos modelos de gestión de salud también variaron en esos distintos períodos. Es así, que el carácter de los argumentos jurídicos que sustentaban la legalidad de cada uno de los modelos ha cambiado de acuerdo con el dominio político que tuvieron sucesivamente, en el escenario oficial, las fuerzas políticas pre-oligárquicas, oligárquico-civilistas, oligárquico-populistas, intervencionistas y neoliberales. Asimismo, los argumentos ético-morales que intentaban legitimar la moralidad y eticidad de las intenciones y realizaciones gubernamentales en el campo del cuidado dela salud se han modificado desde diferentes posiciones axiológicas, frente a la vida y la salud humana, en que se ubicaban aquellas fuerzas.

Algunas conclusiones

  1. En nuestro estudio se identifican cinco modelos de gestión pública del sistema oficial de cuidado de la salud poblacional, que estuvieron vigentes – de manera dominante o hegemónica – en distintos períodos de la historia del Perú republicano. Cada uno de estos modelos inició su formalización como parte de una reforma general de la organización del Estado peruano, la cual respondía a la necesidad de superar una grave crisis política y económica nacional que ponía en peligro el mantenimiento de las estructuras sociales vigentes en el país. Reforma general orientada – en cada caso – por una nueva concepción sociopolítica sobre el papel del Estado en la realización del progreso o desarrollo económico y social del Perú.
  2. Como parte de cada Reforma General del Estado, la sustentación cognitiva y normativa de la creación, la validez y la vigencia de cada uno de los modelos de gestión del sistema oficial de salud se efectuó utilizando argumentos científicos-tecnológicos, políticos-jurídicos y ético-morales, en el marco de la nueva concepción sociopolítica general adoptada. En este nuevo marco, los argumentos vinculados con la justicia social en el acceso al sistema de salud, siempre estuvieron subordinados a los científico-tecnológicos vinculados con la eficacia médico-sanitaria y éstos, a su vez, a los políticos-jurídicos vinculados con el crecimiento económico y la gobernabilidad del Estado.
  3. Las ideas de justicia distributiva o de justicia social utilizadas de manera implícita o explícita en el discurso político oficial para sustentar la legitimidad de la reforma de cada uno de los modelos de gestión del sistema oficial de salud tuvieron su origen en la teoría de justicia que era hegemónica o dominante en los países centrales del mundo occidental y/o promovida por las organizaciones de cooperación técnica internacional. Teoría de justicia en salud interpretada – de manera unilateral y distorsionada – por autoridades y técnicos gubernamentales que actuaban como representantes de las fuerzas políticas y económicas que ejercían el poder real en el Peru durante el período sociohistórico correspondiente.
  4. Por otro lado, siempre existieron grandes brechas entre las intenciones contenidas en el discurso oficial y las realizaciones efectivas de las políticas de reforma de un determinado modelo de gestión del cuidado de la salud, especialmente en lo que se relaciona con la equidad. Estas políticas de reforma nunca fueron implementadas, socializadas y aplicadas de la manera prevista en las normas legales dictadas al respecto, por razones de factibilidad y de viabilidad política y social, así como de falta de veracidad o autenticidad de las intenciones declaradas en dicho discurso.
  5. En una perspectiva a largo alcance, las desigualdades en el acceso legal al sistema oficial del cuidado de la salud se redujeron en las últimas décadas, sin que las brechas de cobertura efectiva decrecieran de manera socialmente aceptables. En realidad, ese incremento formal del acceso al sistema, no significó la superación de las inequidades en la disponibilidad efectiva de los recursos de salud, en la utilización apropiada de los recursos de salud disponibles y, mucho menos, en la calidad de los servicios de salud prestados.
  6. En una primera aproximación interpretativa, esos resultados insatisfactorios fueron la consecuencia de las limitaciones del enfoque sectorial y biomédico que las autoridades gubernamentales utilizaron – sin participación significativa de otros sectores y actores sociales – en el diseño, la implementación y la aplicación de las políticas de la reforma del modelo de gestión, así como en el control y la evaluación de los resultados y consecuencias de las mismas. No se llegó a considerar que cualquiera fuera la racionalidad de ese enfoque en la sustentación de esas políticas siempre existirían restricciones económicas, políticas y culturales externas o contextuales que impedirían su aplicación socialmente aceptable en el país. Restricciones a la reforma que provocarían y/o se sumarían a las limitaciones técnicas, administrativas y culturales del propio sistema de cuidado de la salud.
  7. En una segunda aproximación interpretativa, la historia particular del proceso de cambios en la racionalidad que sustentaba la pretendida validez de la eficacia y la justicia social de los distintos modelos de gestión del sistema oficial del cuidado de salud que tuvieron vigencia en el país, sólo puede ser comprendida como parte de la historia general de los resultados insatisfactorios de la implementación y de la aplicación – siempre inconclusas – de las políticas generales derivadas de las distintas concepciones sobre la organización y modernización del Estado y de la sociedad impuestas, con una racionalidad esencialmente instrumental, por las elites dirigentes nacionales en su pretensión de superar los problemas económicos y sociales del país sin afectar, en lo esencial, el carácter patrimonial, fragmentado y excluyente de la sociedad peruana, en el contexto de un mundo occidental que desde la década del ochenta del siglo XX inició un proceso de globalización de perfiles neoliberales que aún continúa.
  8. En el Perú actual, al igual que en otros países de América Latina, el proceso de implementación y aplicación del modelo de seguridad social en salud vigente tenía – antes del inicio de la pandemia del coronavirus –la pretensión de lograr la cobertura universal de la demanda efectiva de servicios de salud, de acuerdo con principios neoliberales y del seguro privado, aplicados con una racionalidad económica, esencialmente “mercantilista”. En este sistema de seguridad en salud, la cobertura universal sería alcanzada de manera diferenciada en función del nivel de ingresos y situación laboral de los usuarios con paquetes de servicios de salud inequitativos.
  9. No obstante que el derecho universal a la salud está institucionalizado jurídicamente en el Derecho Internacional, es y será una tarea siempre difícil en el Perú organizar y gestionar un sistema oficial de cuidado de la salud que se oriente de manera auténtica y transparente a la realización efectiva de dicho derecho, en un ambiente sustentable. Más aún, en la actual situación sociopolítica nacional, debido a que todo esfuerzo gubernamental en tal sentido tendrá que realizarse dentro de los límites establecidos por el marco del sistema jurídico construido a partir de la Constitución de 1993, sin afectar los intereses de los grupos de poder que se benefician con dicha situación. Todos los días somos testigos de la oposición, casi siempre exitosa, de los empresarios y comerciantes de la salud a todo tipo de regulación destinada a la protección de la salud de la población y de la calidad ambiental, en tanto ella pueda hacer disminuir la rentabilidad de sus actividades, siguiendo la lógica de un Estado que se gobierna siguiendo las señales del mercado.
  10. Para diseñar, formalizar, implementar, gestionar y operar en nuestro país un nuevo sistema oficial de cuidado de la salud que tenga la posibilidad de alcanzar y sostener logros socialmente satisfactorios en términos de eficacia, rectitud y justicia social y, por tanto, avances sustantivos y auténticos en la realización del derecho universal a la salud, tendríamos que haber ingresado a una nueva situación sociopolítica general, en la cual todos los entes sociales actúan con una racionalidad comunicativa, entendiendo que dicha realización es un proceso complejo, a ser tratado de manera integral, democrática y participativa, en el marco establecido previamente por una Política General de Estado que tenga como finalidad el bien común de las generaciones actuales y futuras. Racionalidad comunicativa vinculada con el supuesto y (con la permanente posibilidad) de un acuerdo nacional auténtico, fundamentado y legitimado – de manera equilibrada y complementaria – en los mejores argumentos científico-tecnológicos, jurídico-políticos y ético-morales expuestos en un debate democrático.
  11. Esa nueva situación sociopolítica, implicaría la existencia de una sociedad peruana solidaria, autónoma y justa que, habiendo superado su carácter fragmentado y excluyente, considera a las desigualdades sociales, a la pobreza y a la corrupción como las más grandes violaciones de los derechos humanos y, por tanto, problemas inaceptables e insoportables. Es decir, implicaría la existencia de una sociedad moral que hoy día nos podría parecer una utopía igualitarista inalcanzable, antes que una verdad futura. Frente a las dudas razonables sobre la posibilidad de alcanzar esta nueva situación sociohistórica en un futuro previsible a largo alcance, solo nos queda evocar las palabras del escritor Anatole France cuando afirma que: “la utopía es el principio de todo progreso y el diseño de un futuro mejor”.

LA REFORMA DEL SISTEMA DE SALUD (2009- 2020) EN EL PERÚ Y LA PANDEMIA COVID-19

Introducción

Al final del subperíodo 2009-2020, el acceso efectivo a las tecnologías de cuidado de la salud eficaces continuaba siendo muy desigual en la Región de las Américas, por causas que se derivaban tanto de las limitaciones internas de los sistemas de salud y de ciencia-tecnología, como de las restricciones contextuales impuestas a dichos sistemas por políticas gubernamentales generales de desarrollo económico-sociales orientadas al éxito material, antes que al entendimiento social. Éxito material que, con una racionalidad unidimensional de carácter instrumental, es evaluado con criterios de beneficio económico y de dominio político, es decir en términos de lucro y de poder, sin consideración suficiente de las consecuencias sociales de este tipo de éxito.

Al respecto de esos resultados insatisfactorios, el Consejo Directivo de la OPS ya señalaba, en octubre del 2014, que eran la consecuencia de la persistencia en la Región de las Américas de tres grandes obstáculos. El primero, la Región seguía siendo una de las más inequitativas del mundo. El segundo, el proceso para disminuir la inequidad en el acceso a la salud se hacía más complejo debido a los nuevos patrones epidemiológicos y demográficos que demandan respuestas innovadoras de los sistemas de salud. El tercero, los sistemas de salud seguían actuando con financiamiento desigual, fragmentación y segmentación, falta de sostenibilidad y escasa flexibilidad para responder a las necesidades de la población y hacer frente a los desafíos procedentes de contextos nacionales e internacionales cambiantes y más difíciles.

Legalización de la reforma del sistema de salud peruano

La instrumentación jurídica de este sistema se inició con la promulgación de la Constitución Política de 1993, y se desarrolló particularmente a través de normas jurídicas contenidas en la Ley General de Salud de 1997, y en la Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud (Ley Nº 29344), promulgada el 9 de abril de 2009 con la pretensión de: “establecer el marco normativo del aseguramiento universal en salud, a fin de garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad social en salud, así como normar el acceso y las funciones de regulación, financiamiento, prestación y supervisión del aseguramiento”

Posteriormente, la Ley N° 30073 de julio 2013, delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de salud y fortalecimiento del sector salud en el marco de la Constitución Política, por 120 días. En este lapso, se promulgaron un total de veintitrés decretos legislativos, que fueron elaborados, en un proceso no participativo, por funcionarios que priorizaron los aspectos reglamentarios y administrativos sectoriales antes que los vinculados con los determinantes sociales de la salud colectiva. Entre estos últimos, la descentralización administrativa puesta en marcha desde el 2002 que limitaba a la autoridad sanitaria nacional a funciones normativas y de supervisión no vinculante 

La Ley Marco de Aseguramiento Universal y su Reglamento señalan, entre sus grandes objetivos, fortalecer el sistema de salud, combatir la segmentación y fragmentación de los sistemas de salud y avanzar en la equidad en los servicios de salud, aspectos considerados en las propuestas de reforma del sistema de salud desde fines de 1990. La Ley también define las siguientes características para el aseguramiento universal en salud: que este sea obligatorio, progresivo, garantizado, regulado, descentralizado, portable, transparente y sostenible. Se distinguen tres regímenes: contributivo, subsidiado y semicontributivo, así como un Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) para enfermedades de alta complejidad en el régimen de subsidio. Las prestaciones de salud brindadas por las IPRES , tanto públicas como privadas (EPS), deberán adecuarse en forma progresiva al nuevo plan de salud denominado Plan Esencial de Aseguramiento (PEAS) que establece las condiciones mínimas asegurables en los paquetes básicos de salud que deben brindar las IAFAS.

Legitimación de la reforma del sistema de salud peruano

Las características del actual modelo de reforma de gestión (aseguramiento universal en salud) del sistema nacional de salud se sustentan en el discurso oficial de las autoridades de un Estado Peruano de perfiles sociopolíticos neoliberales que gobernaron el país con una racionalidad instrumental mercantilista. Modelo legitimado a partir de una concepción ideológica que entiende al cuidado de la salud humana como un derecho cuya realización universal deberá ser alcanzada de manera progresiva y diferenciada en función del nivel de ingresos y situación laboral de los usuarios del sistema.

Resultados de la reforma del sistema de salud peruano

Al igual que en el pasado, los resultados insatisfactorios de esta nueva reforma de gestión hicieron evidentes la existencia las grandes limitaciones de factibilidad y de viabilidad política y social en la implementación y aplicación de la misma. Adicionalmente, la autenticidad de las intenciones de cambio expresadas en el discurso sanitario oficial pocas veces fue corroborada por el apoyo político efectivo a las decisiones vinculadas con los avances en la equidad y la solidaridad.

Esos resultados insatisfactorios fueron reconocidos oficialmente, tres años antes del inicio dela pandemia, por un Grupo de Trabajo nombrado por el Gobierno y dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (Resolución Ministerial N° 017-2017-EF/10), al que se le encargó la elaboración de una propuesta para la reforma del sistema de pensiones, financiamiento de la salud y seguro de desempleo. El Grupo, denominado “Comisión de Protección Social”, entregó su Informe Final a las autoridades pertinentes en septiembre del 2017. Los datos contenidos en el Informe permitirían sustentar el siguiente comentario sobre los resultados insatisfactorios de la reforma en el financiamiento de la salud:

“El gasto público per cápita en salud representa el 3,3% del PBI, cuando el promedio en la región está cercano al 8% y el compromiso firmado en el Acuerdo Nacional es del 6%. Una de cada cinco personas no está cubierta por ninguno de los sistemas  públicos vigentes y tampoco puede costearse un seguro privado. El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) solo existe en el papel, porque en la práctica no se cumple: el gasto actual per cápita en el sector público es de S/85 por asegurado, cuando el costo real debería ser de S/532. La calidad de los servicios es muy baja en promedio y con muchísima varianza de una región a otra del país. Del total de hospitales públicos, 40% tiene una antigüedad de entre 26 y 50 años y carece de un adecuado mantenimiento o reposición (…) Existe un subsidio escondido desde el sistema público a Essalud de S/847 millones, según estimaciones del Banco Mundial al 2016. En suma, es un aparato ineficiente e inequitativo”.

Objetivos de Reforma de Salud acordados el año 2015

Dos años antes de publicarse aquel Informe, tres instituciones (MINSA, Acuerdo Nacional y PERÚ-Progreso Para Todos) habían presentado – en el diario El Comercio del 22 de octubre de 2015 – el documento Objetivos de la Reforma de Salud, elaborado y consensuado por representantes del MINSA, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del país, quince partidos políticos, diez organizaciones de la sociedad civil y seis invitados. El documento está estructurado en tres componentes, en cada uno de los cuales se precisan los objetivos y las medidas de reforma pertinentes.

  • Ser humano como fin de la Reforma de Salud, integralidad de la atención y participación: derecho fundamental y desarrollo humano; acceso universal al cuidado y a la atención de la salud; políticas; rectoría y gestión; y, participación.
  • Cierre de brechas en el acceso a la salud y a la seguridad social en salud: cierre de brechas como prioridad de las políticas públicas; fortalecimiento del Seguro Integral de Salud (SIS); complementariedad del sector privado; acceso universal al primer nivel de atención como entrada a un sistema de salud de calidad; emergencias y urgencias; y, políticas de medicamentos.
  • Factores críticos a atender: personal de salud; infraestructura, equipamiento y mantenimiento; materiales e insumos de calidad; tecnología, investigación e información; y, financiamiento.

Además, se señalan – con un inexplicable optimismo – las características que deben definir, seis años después, el acceso universal al cuidado de la salud: “Al 2021, el acceso al cuidado y atención integral en salud individual y colectiva de las personas serán universales, independientemente de la condición socioeconómica y de su ubicación geográfica, con enfoques de género, de derechos de salud y de interculturalidad. Asimismo, el cuidado y la atención pública en salud serán integrales, solidarios, equitativos, oportunos, con gratuidad en el punto de entrega, de calidad, de fácil acceso y adecuados a las características del ciclo de vida de la población. El Estado es garante y principal responsable de asegurar la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad del cuidado y la atención en salud a través de un sistema nacional de salud efectivo, eficiente y eficaz”.

Restricciones contextuales a la reforma del cuidado de la salud

Las restricciones a la reforma del cuidado de la salud tienen su origen, en gran parte, en el contexto de una sociedad peruana que al mantener su carácter patrimonial, fragmentado y excluyente, heredado de su época colonial, nunca pudo encontrar respuestas viables y sostenibles a los grandes problemas nacionales derivados de la desigualdad, entre ellos el del cuidado de la salud. El mantenimiento de ese carácter devaluó la justicia, la solidaridad, la honestidad, la dignidad y la disciplina de los principales actores sociales. Devaluación que se expresa en los avances de la informalidad, la corrupción, la impunidad y el individualismo sin límites en nuestro mundo social.

Las desigualdades de ingresos y sus relaciones con la moral y la política en el Perú

Efraín Gonzales de Olarte, economista e investigador peruano, hace el siguiente comentario el año 2015: “Cuando la desigualdad de ingresos, de riqueza y de capacidades humanas es grande y persistente, se generan condiciones propicias para su aprovechamiento hacia fines políticos particulares y, sobre todo, para mantener el statu quo social. El detonante para que esto  suceda es la pérdida de valores morales y del significado ético sobre el uso de los bienes públicos, el sentido de la equidad  y sobre los recursos del Estado. Esto es lo que va ocurriendo en el Perú de los últimos años, el peligro es que podríamos estar convirtiéndonos en un país donde el ‘todo vale’, nos llevará a un país que no vale”.

“Es obvio que si no cambian los orígenes de la desigualdad no hay porque esperar que cambie su distribución. La única manera de conmover la desigualdad es atacando sus orígenes más profundos: la desigualdad de activos entre las personas, la desigualdad de las capacidades humanas para trabajar o emprender y el modelo económico que no genera igualdad de oportunidades para todos”. “Nuestra hipótesis es que esta desigualdad puede ser funcional al sistema político cuando no hay un sistema de control efectivo del comportamiento de los gobernantes. Este sistema tiene dos componentes uno institucional y el otro moral”.

Debilidad institucional

Hablar de “instituciones” equivale en gran medida, a hablar del Estado, pues son sus organizaciones públicas quienes establecen normas o reglas que organizan el sistema político, regulan actividades económicas, garantizan derechos ciudadanos, y proveen servicios públicos. En este último sentido, para que un país tenga un desarrollo y `progreso satisfactorio, equitativo, sostenible y de largo plazo, se requieren instituciones transparentes, honestas, eficientes y eficaces, en las que los agentes económicos y sociales confíen. 

El sociólogo peruano Pablo Quintanilla hace dos comentarios, el año 2015, sobre el tema de la gran debilidad de nuestro aparato estatal. En el primero, afirma que el Perú es un país en donde nunca se llegó a construir una institucionalidad sólida, especialmente en términos de justicia social. En el segundo, señala que, en los últimos años, ciertas prácticas y normas sociales negativas se estaban consolidando a lo largo del territorio en nuestro país, favoreciendo a una serie de actores formales e informales que aprendieron a beneficiarse de esta debilidad.

Quintanilla, también afirma que la debilidad de las instituciones peruanas tiene actualmente varias dimensiones. Una primera consiste en que éstas, por lo común, funcionan de manera arbitraria, otorgando preferencias a ciertas personas, admitiendo excepciones para los amigos, los poderosos y las mafias, y finalmente haciendo desiguales a las personas y grupos ante la aplicación de la ley y el funcionamiento de la institución. La segunda, está relacionada con la ausencia de acuerdos políticos para que las funciones, orientación, y normatividad de las instituciones sean reconocidas y aceptadas por los distintos actores sociales y políticos. La tercera dimensión, de tipo organizativa y administrativa, consiste en la ausencia de recursos económicos, humanos, y organizacionales suficientes para que las instituciones cumplan con eficiencia sus objetivos y funciones.

La debilidad moral de la administración pública peruana

Desde una perspectiva histórica o de larga duración Alfonso W. Quiroz nos presenta en su libro Historia de la corrupción en el Perú, un país profundamente afectado en su institucionalidad por una corrupción administrativa y estatal, que puede evidenciarse desde las postrimerías del periodo colonial hasta nuestros días. El autor describe y analiza el abuso de los recursos públicos y explica cómo la corrupción sistemática y descontrolada ha limitado el desarrollo y el progreso del país: “debido a la corrupción, el Perú perdió o distribuyo mal (entre el año 1820 y el 2000) el equivalente de aproximadamente el 40 a 50% de sus posibilidades de desarrollo”.

Entre las conclusiones principales del Informe Especial, preparado para Proética, de la XI Encuesta nacional anual sobre percepciones de corrupción del año 2019 en el Perú, se encuentra que la corrupción es percibida como el segundo problema más importante del país (62%) pero en constante crecimiento. Se acerca cada vez más a ser el principal problema. El 91% de los encuestados no denunció la corrupción, principalmente porque no confía en que las autoridades hagan algo efectivo.

Voces más leídas

Categorías

Etiquetas

Voces vistas

  • 69.903 escuchadas

Voces relacionadas

VOCES CRÍTICAS EN SALUD PÚBLICA

VOCES CRÍTICAS EN SALUD PÚBLICA

VSP busca ser un espacio donde ser expresen opiniones y perspectivas sobre la situación sanitaria y la salud pública de nuestro país. Los autores sustentan la necesidad de contar y apoyar espacios como Voces, pues constituyen una tribuna donde las opiniones pueden compartirse con sustento y objetividad crítica, e interactuar con otros profesionales.

¿A QUIÉN ESTOY ENSEÑANDO?

¿A QUIÉN ESTOY ENSEÑANDO?

El autor, docente de medicina de trayectoria, comparte una profunda reflexión si contextualizamos la época de su vocación y formación y la contrastamos con la que actualmente se observa en las generaciones más jóvenes de médicos y estudiantes. Una lectura que enriquecerá nuestra perspectiva en la educación médica.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

desarrollo

Dr. Adriel Olórtegui

Organización

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública

Correo electrónico

vocesensaludpublica.fm@unmsm.edu.pe

¿Desea contribuir?

Envíe su propuesta a nuestro correo.

Newsletter