PRONUNCIAMIENTO Nº 02 – 2025

Como docentes de Salud Pública, trabajamos en nuestra comunidad académica para consolidar los valores de respeto a la vida, la dignidad humana y la solidaridad como valores de un proyecto de comunidad nacional y como elementos centrales en el trabajo en salud. Por ello, la grave tragedia social y sanitaria que enfrentamos crónicamente en el país, nos obliga a dirigirnos a la opinión pública y a las autoridades, para expresar lo siguiente:

• El crecimiento de las economías ilegales en el Perú es, sin lugar a duda, el mayor desafío para nuestro proyecto de Estado nación. Diversos estudios muestran que aquellas fueron las principales beneficiarias de las últimas dos décadas de crecimiento económico de nuestra economía(1). Su expansión ha ido permeando a diversas capas económicas y sociales, degradando el funcionamiento del Estado(2), incidiendo con peligrosa eficacia en la vida política del país, pervirtiendo a los partidos políticos y las instituciones democráticas, que en diversas ocasiones han terminado legislando en pro de los intereses de las economías ilegales.(3)
• Las consecuencias de ello son devastadoras para la salud de la población y el medio La creciente degradación de selvas y bosques, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de fuentes de agua con mercurio y otros metales pesados y la trata de personas, entre otras, configuran escenarios de enorme impacto sanitario. La expansión de las actividades de las organizaciones criminales y la pérdida del monopolio de la violencia por parte del Estado han generado un incremento sustancial de la mortalidad por causas violentas en los últimos años. De mantenerse dicha tendencia, tendríamos a fines de 2025 varios cientos de peruanos fallecidos por la violencia criminal.
• La revisión de diversas trayectorias de mortalidad muestra que antes de ser asesinadas, muchas víctimas buscaron apoyo de diversos agentes y autoridades del Estado, las que fueron incapaces de proteger la vida de los ciudadanos. La sensación de desesperanza y abandono que tal inacción genera es el motivo del cierre de miles de negocios y PYMES, de la pérdida de empleos y del constante incremento de emigración de peruanos de todas las clases sociales por causa de la inseguridad ciudadana. En este escenario, el crecimiento económico es insostenible, dada la magnitud de la crisis de nuestro proyecto democrático de convivencia.
• Bajo el supuesto de que logremos remontar esta grave coyuntura sociosanitaria, los daños ya instalados en nuestra sociedad son Los estudios muestran las serias secuelas del estrés postraumático en las víctimas de extorsión y otras formas de delitos violentos, así como el impacto negativo sobre la salud mental en las generaciones de niños actualmente expuestos en sus propios entornos comunitarios.

Por todo lo anterior, planteamos lo siguiente:

1. Es prioritaria la movilización de toda la sociedad peruana para efectos de protegernos de manera colectiva del flagelo de la violencia. Necesitamos asumir una ética de protección y organizarnos para proteger sobre todo a los más expuestos y vulnerables.
2. Demandamos a las autoridades del Estado, en todos los niveles, se restablezca el imperio de la ley en todo el territorio a través de las herramientas que establece nuestra Constitución política. En caso contrario, como sociedad debemos movilizarnos para exigir su cumplimiento para garantizar el derecho a la vida, condición fundamental para nuestra convivencia democrática.

Las autoridades a cargo del sector salud deben ser las más calificadas para gestionar las graves secuelas sanitarias de la violencia, demostrando experticia técnica, probidad y transparencia a la altura de los enormes desafíos sociales y sanitarios que ponen en peligro la sostenibilidad de nuestro proyecto de comunidad nacional.