LIBRO: REFORMA DE SALUD EN EL PERÚ

El contenido de esta publicación tiene en gran parte un carácter testimonial y está motivado por nuestra obligación personal de evitar que se pierdan en el olvido o, peor aún, se distorsionen las intenciones de los esfuerzos del grupo de la “mayoría” de la Comisión del Proyecto de la Ley General de Salud – desde ahora la Comisión de Salud – para tratar de encontrar reformas que permitieran garantizar el derecho a la salud. Obligación que con el paso de los años se hace más fuerte considerando que en el año 2021 se cumplen 46 años de haberse creado esta Comisión,

De manera concordante con esa motivación, los objetivos de la exposición son dos. El primero, presentar nuestra versión de las circunstancias que determinaron el origen, el proceso y los efectos del trabajo de la Comisión de Salud, en el contexto de un país conducido, por el autodenominado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada – desde ahora Gobierno Militar – durante doce años consecutivos.

El segundo, reflexionar, más de cuatro décadas después, sobre las limitaciones y restricciones teóricas y prácticas a la viabilidad de toda propuesta de cambio social sustentada en la justicia y la solidaridad, en una sociedad, como la peruana, que históricamente está orientada por el lucro y la acumulación del poder y, por lo tanto, fomenta la desigualdad social y es permisiva con la corrupción y la impunidad. Más aún, en un mundo global asolado, actualmente, por una pandemia y amenazado por los efectos del cambio climático.

Recordemos, el 3 de octubre de 1968, en medio de una crisis nacional, la Fuerza Armada asumió de facto el poder del Estado. De acuerdo al Manifiesto que presentó a la Nación, la Fuerza Armada justificó su acción argumentando que se trataba de llevar a cabo un proceso de transformación de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del Perú, con el fin de lograr una nueva sociedad en la que los peruanos vivan con libertad y justicia.

Se iniciaba así el Gobierno Militar, que dirigiría el país hasta el 28 de julio de 1980. En este proceso, de casi doce años, se distinguirían dos fases: la primera o “radical” (1968-1975), dirigida por el General (EP) Velasco; y, la segunda o “institucional” (1975-1980), conducida por el General (EP) Morales Bermúdez.

Los fundamentos iniciales de las acciones de los cambios estructurales de la primera fase del Gobierno Militar se encuentran en su Manifiesto, su Estatuto y su primer Plan Político, denominado “Plan Inca”. Sólo después de seis años de difusión de esos fundamentos , se publican, en febrero de 1975, las llamadas Bases Ideológicas de la Revolución donde se precisa que el objetivo final de la misma es “la construcción de una democracia social de participación plena”.

En esos años de la primera fase, se asiste al empoderamiento del Comité de Asesoramiento de la Presidencia (COAP) y del Instituto Nacional de Planificación (INP), controlados por los “coroneles radicales”, y los egresados del Curso de Alto Mando del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM). Curso en el que se capacitaban, en esos años, los futuros mandos militare y los funcionaros civiles destinados a ocupar los altos cargo de la burocracia estatal.

En septiembre de 1969, se nombró una Comisión de Reforma de la Educación, con la misión de proponer un cambio total del sistema educativo nacional. Comisión conformada por ilustres educadores y profesionales de diversas disciplinas. El Informe Final de esta Comisión fue presentado al Gobierno Militar en 1972. En este Informe se abordaba la reforma de la educación, como una cuestión política y económica-social, que debía comprometer la participación de la población, vinculando la educación con el trabajo.

Con este Informe se sustentaría la exposición de motivos del Decreto Ley Nº 19326, Ley General de Educación, dado el 21 de marzo de 1972. Norma que inició el primer proceso de transformación estructural de un sector social en nuestro país. Informe elogiado en la UNESCO por la excelencia de su contenido doctrinario. Los primeros efectos exitosos de la instrumentación de esta Ley, generaron expectativas sobre reformas inminentes en los otros sectores sociales.

En medio de esas expectativas, un grupo de sanitaristas – autodenominado “La Peña” – conformado por funcionarios del MINSA, debatían informalmente la mejor forma de plantear al Gobierno la necesidad de elaborar una Ley General en Salud que iniciara el proceso de transformación estructural del sector salud en nuestro país.

Tomando conciencia de tal necesidad, asesores de la Alta Dirección del MINSA, egresados recientemente del CAEM, solicitaros a esos funcionarios un documento en que se sustentara técnica y políticamente la misma, con el fin de ponerlo a consideración de las más altas autoridades del Gobierno, para su análisis y eventual aprobación. Atendiendo a esta solicitud, miembros de aquel grupo prepararon y presentaron al Ministro de Salud, en febrero de 1975, dicho documento.

El ministro de salud, General (FAP), Fernando Miro-Quesada Bahamonde – ex profesor del CAEM – estudió el contenido del documento de fundamentación y lo aprobó, identificándose con su contenido; aunque se cuidó en señalar la complejidad de la tarea que se pretendía cumplir. Luego, presentó y sustentó personalmente la iniciativa ante el General Velasco, logrando su autorización para iniciar las acciones tendientes a la constitución de una Comisión encargada de la formulación de un Proyecto de Ley General de Salud.

El 6 de agosto de 1975, se expidió el Decreto Supremo que ordena constituir “una Comisión para que efectúe los estudios necesarios de la situación de salud del país y formule un Proyecto de Ley General de Salud que permitiera lograr una “medicina socialmente orientada y al alcance de toda la población”. Asimismo, se precisa en la misma norma que “La Comisión dependerá directamente del Ministro de Salud”.

Sin embargo de esas últimas decisiones reformistas, desde mediados de 1974 ya habían comenzado a sentirse en el país los efectos negativos de la crisis económica mundial de la deuda externa, así como del debilitamiento de la salud física y del liderazgo en la Fuerza Armada de Velasco. Efectos que se sumaron a los provocados por las cada vez más evidentes contradicciones entre el discurso oficial de intenciones participativas democráticas y las prácticas autoritarias y jerárquicas que caracterizan al personal de las Fuerzas Armadas.

La sumatoria de todos esos efectos, provocó que, el 29 de agosto de 1975, tres semanas después de expedirse aquel Decreto, el General Velasco fuera depuesto, como Jefe del Gobierno Militar, por el General Morales Bermúdez. En estas muevas circunstancias quedó en suspenso el nombramiento de los miembros de la Comisión de Salud.

Al asumir la dirección de la segunda fase del Gobierno Militar, el General (EP) Morales Bermúdez anunció al país sobre la necesidad de un cambio en la orientación política del gobierno, aunque sin renunciar a los principios establecidos en el Manifiesto y el Plan Inca. Con este propósito se crea una Comisión Política del Gobierno Militar, presidida por el Jefe del COAP, encargada de preparar un proyecto del nuevo Plan Político del Gobierno de la Fuerza Armada, para el período 1977-1981. Comisión constituida por funcionarios militares y civiles del COAP y del INP.

En esa coyuntura, Miro-Quesada, es ratificado como Ministro de Salud y logra el consentimiento oficial para continuar con su política de cambio en el sector salud. Es con tal consentimiento, que el 7 de octubre de 1975, por Resolución Suprema, se nombra a los miembros de la Comisión de Salud a título personal y a propuesta del MINSA.

Nombramiento que provocó protestas de los Colegios Profesionales de la salud, por no tener representantes en dicha Comisión. Estas protestas coincidieron con una crisis interna en el comando de la FAP que culminó con el retiro, el 18 octubre de 1975, de varios Generales FAP, entre ellos el ministro Miro-Quesada.

El nuevo ministro de salud, General (FAP) Jorge Tamayo, inició su gestión aceptando ampliar la conformación de la Comisión, con miembros propuestos en ternas por los Colegios Profesionales de Salud. Luego, el 10 de noviembre de 1975, se procede a la instalación oficial de la Comisión ya ampliada. La cual inició sus actividades, a tiempo completo, que durarían dos años.

Por el lado de los avances de la Comisión Política, a inicios del año 1976, trascendió al conocimiento público algunos fragmentos del proyecto del Plan Político preparado por los funcionarios del COAP e INP, donde se proponía la profundización de los procesos de reforma y una definida orientación hacia una economía con un sector de propiedad social predominante. La impugnación total de los altos mandos del Ejército a dicho proyecto se hizo oficial y público el 31 de marzo de 1976, anulando su viabilidad, y provocando la desactivación del grupo encargado de su elaboración, así como el descrédito del COAP y del INP.

Por otro lado, al final del mes de agosto de 1976, se realizó el Primer Congreso Médico Nacional, organizado por el Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú, bajo la conducción de su nuevo Decano, el Dr. Manuel Pizarro Flores, cirujano del Hospital del Niño y destacado líder aprista. Una de las mociones aprobadas por la Asamblea Nacional de este Congreso fue la creación de un Sistema Coordinado de Servicios de Salud, rechazando la opción de establecer en el país un Sistema Único de Salud, donde “el ejercicio privado es abolido”.

Paralelamente a esos dos últimos hechos, la Comisión de Salud seguía con su trabajo de debate sobre las propuestas de reforma, así como la redacción de su Informe General. El 6 de diciembre de 1976, después de once meses de su instalación, la Comisión presentó al Ministro Tamayo su Informe General Final, para su revisión y posterior trámite para su consideración y eventual aprobación en el Consejo de Ministros.

El 9 de febrero de 1977, las autoridades dieron a conocer al país el Proyecto de un nuevo Plan Político del Gobierno Militar elaborado – en esta ocasión – por una Comisión de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales. En el que definía una nueva propuesta sobre objetivos y lineamientos políticos para el período 1977-1980. La lucha contra la crisis económica constituyó lo central del nuevo Proyecto, alejando a un segundo plano los objetivos de cambio. Asimismo, se dejó de lado el sector de propiedad social, y cesó la prioridad de los aspectos redistributivos de las reformas.

El 11 de febrero de 1977, dos días después de conocido ese nuevo Proyecto Político, se llevó a cabo el Consejo de Ministro, presidido por Morales Bermúdez, programado para la sustentación de las dos propuestas alternativas contenidas en el Informe General de la Comisión de Salud. Sustentación que estuvo a cargo de miembros de la “mayoría” y de la “minoría” de esta Comisión. Formaba parte del Consejo de Ministros, el General (FAP) Humberto Campodónico, quien había sustituido, apenas un mes antes, a Tejada en el cargo de Ministro de Salud.

Pocos meses después, el nuevo Proyecto Político del Gobierno Militar, elaborado sin participación de civiles, fue puesto a debate público a través de los medios de comunicación masiva. Proyecto Político que, con algunas modificaciones sugeridas por la ciudadanía y la Administración Pública, fue aprobado por Decreto Supremo el 4 de octubre de 1977, con la denominación de Plan de Gobierno Túpac Amaru, que reemplazó al Plan Inca. Además, se anunciaba oficialmente a la ciudadanía que se convocaría a elecciones constituyentes, municipales y generales para dar fin, en julio del año 1980, a la gestión militar.

Finalmente, el 18 de noviembre de 1978, un año y diez meses después de haberse sustentado ante el Consejo de Ministros las dos propuestas contenidas en el Proyecto de Ley General de Salud, se promulgó el Decreto Ley Nº 22365 que crea el Sistema Nacional de Servicios de Salud con la exclusiva finalidad de coordinar los planes y programas de los servicios prestadores de salud a nivel central, regional y local. A través de esta norma, el Gobierno Militar, cada vez con menos apoyo de la ciudadanía, había optado por formalizar la propuesta de la “minoría” de la Comisión de Salud, defendida por el Colegio Médico; eliminando, además, los modestos alcances participativos de la propuesta original. En esa fecha era Ministro de Salud, el General (FAP) Eduardo Rivasplata, que tenía como uno de sus principales asesores civiles, a un conocido defensor del “sistema coordinado de salud”.

La Comisión tuvo dos etapas en su trabajo. La etapa de diagnóstico de la situación de salud, en la que recibió el apoyo bibliográfico y documentario de 146 instituciones estatales y no estatales, así como la colaboración temporal de 350 profesionales de las distintas disciplinas sociales y de salud para la creación, recuperación y análisis de la información necesaria. Y, la etapa de debates – a cargo exclusivamente de los miembros de la Comisión – para la formulación de propuestas y, luego, la elaboración del Informe General de la Comisión

El 6 de diciembre de 1976, reiteramos, la Comisión presentó al Ministro Tamayo su Informe General Final que contenía dos propuestas de reforma alternativas, una en mayoría, el Modelo Global de Salud; y, la otra en minoría, el Sistema Coordinado de Servicios de Salud.

Quince miembros de la CPLGS eran los firmantes de la propuesta de la “mayoría”. Todos habían sido nombrados a título personal y propuestos por el MINSA. De este total: 9 eran médicos y 6 eran profesionales de otras disciplinas. Ocho eran sanitaristas del MINSA. Además, uno de esos 15 se declaraba marxólogo y siete eran o serían militantes de partidos socialistas democráticos. Por último, 5 de los 9 médicos habían sido fundadores de “La Peña”.

1. León M. Epidemiógo. MS
2. Alencastre M * Adminis. MS
3. Becerra A** Adminis. MS
4. Coloma E ** Adminis. MS
5. Rubín E Planifica. MS
6. Bustíos C Planifica. MS
7. Vásquez F Enfer. SP MS
8. 8. Meza C. A** Pediatra MS
9. Peñaloza M** Filósofo M Educ.
10. Beltrán R** Educador UPCH
11. Bernales M** Politólogo Sinamos
12. Delgado M Abogado S. Privado
13. Tejada D** Economista INP
14. Sánchez Q, J Méd. Militar San. Ejer
15. Palomino C Méd. Obstetra SS Emp.

*marxólogo  **socialista democrático 

Por el otro lado, seis miembros de la CPLGS fueron firmantes de la propuesta de la “minoría”. Todos ellos propuestos en ternas por los Colegios Profesionales de la Salud, como sus representantes en la CPLGS y seleccionados por el MINSA. De este total, la mitad eran médicos de la seguridad social, solo uno de ellos tenía experiencia en administración hospitalaria. Además, la mitad de sus miembros eran militantes del Partido Aprista; uno de ellos, sería Decano del CMP y, años después, Presidente del IPSS y Ministro de Gobierno durante el primer Gobierno de Alán García.

Los miembros firmantes de la propuesta en minoría habían sido elegidos por el MINSA de ternas presentadas por los Colegios Profesionales de la Salud, como sus representantes en la Comisión de Salud.

1. Barsallo J Médico Obstetra SS Emp. CMP Aprista
2. Chirinos A Médico Nefrólogo SS Emp. CMP Aprista
3. Vallejos E. Médico Administrador del SSO CMP
4. Independiente
5. Tavera F Enfermera Educadora SPB C Enferme. Independiente
6. Rey Vega R Obstetriz Sector Privado C Obstetri. Aprista
7. Zapara H Farmacéutico Sector Privado C Qui-Farm. No conocida

En el Informe General que la Comisión de Salud presentó al Consejo de Ministros, se comunicaba a las autoridades que los miembros de la misma habían coincidido en el análisis y conclusiones diagnósticas sobre la situación de salud del país, así como consensuado la redacción de la mayor parte de los principios doctrinarios que debían sustentar los objetivos del Modelo de Cuidado de la Salud a ser formalizado por la Ley General de Salud.

Pero también comunicaban que existían tres aspectos del modelo en los que no hubo acuerdo: su estructura organizativa, su régimen de propiedad y su financiamiento. Por tal motivo, el Informe contenía dos propuestas de reforma alternativas, una en mayoría, el Modelo Global de Salud; y, la otra en minoría, el Sistema Nacional de Servicios de Salud.

La estructura del “Modelo Global de Salud” se diseñó como un sistema de cuatro componentes: un organismo de gobierno; varios organismos de gestión productiva de servicios, de recursos y de bienes de salud, administrativamente autónomos; además, del órgano financiero del “Servicio Nacional Participatorio de Salud”.

1. Conducción política y técnico-normativa: Ministerio de Salud.
2. Gestión productiva de servicios de salud:
   1. Servicio Nacional Participatorio de Salud o SENPAS.
   2. Sanidad de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales
   3. Servicios de Atención Privada.
3. Gestión formación de recursos humanos y de la investigación en salud:
   1. Centro Nacional de Capacitación de Salud.
   2. Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Salud.
   3. Otros centros de capacitación y/o investigación públicos y privados.
4. Gestión productiva de bienes e insumos para la salud:
   1. Empresa Nacional productora de insumos fundamentales para la salud
   2. Empresas no públicas productoras de otros insumos para la salud.

El SENPAS, sería una nueva persona jurídica a ser constituida con la integración orgánica de los recursos destinados a la producción final de servicios de salud y que fueran, en el momento de dicha constitución, de propiedad pública (excepto Fuerzas Armadas y Policiales), propiedad social o del Seguro Social del Perú. En su organización y funcionamiento se aseguraría la participación de la comunidad, de los trabajadores y del Estado.

La estructura administrativa del SENPAS respondería a las políticas de descentralización y desconcentración regional del Estado, traduciéndose en tres niveles administrativos: nacional, regional y zonal.

La estructura técnica-operativa del SENPAS adoptaría una forma piramidal en la que s distinguirán tres niveles de atención. El primero l conformado por el Hogar Familiar y el Hogar Comunal, respetando y empleando la organización existente en la comunidad. El segundo a las acciones de establecimientos de salud escalonados (Puesto de Salud, Centro de Salud y Hospitales Generales). El tercer nivel o regional, encargado de dar solución a los problemas de salud de gran complejidad. . Este sistema escalonado es complementado con los Órganos de Apoyo Técnico, es decir los Centros Especializados de Atención de la Salud y los Institutos de Investigación.

El régimen de participación adoptada y promovida por el SENPAS asegurará la intervención consciente, activa y solidaria de la población en el cuidado cotidiano de su salud, así como en el gobierno y gestión de los distintos niveles administrativos

El financiamiento de los gastos operativos y de inversión del SENPAS estaría a cargo del Fondo Solidario, donde confluirían: Tesoro Público; aportes de las personas naturales y jurídicas; inversión-trabajo de la comunidad; y de otras fuentes que señalará la Ley. Las personas jurídicas cotizarían de manera proporcional al valor bruto de sus ingresos. Los aportes de las personas naturales estarán sujetos a tasas diferenciales y progresivas, en función de tramos de ingresos. El patrimonio del SENPAS estaría sujeto a un régimen de propiedad de Derecho Social.

La minoría proponía un “Sistema Nacional de Servicios de Salud” (SNSS) conformado por cuatro grandes instituciones efectoras:

• • Ministerio de Salud,
  • Seguro Social del Perú,
  • Sanidades de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales,
  • Servicios Privados.

Estos cuatro componentes conservarían su autonomía económico-financiera, pero bajo la autoridad del órgano de gobierno y rector del Sector, el Ministerio de Salud, en cuanto a políticas, normas y supervisión.

La organización administrativa del Sistema consideraría tres niveles: central (Consejo Nacional de Salud), regional (Dirección Regional de Salud) y local (establecimientos de salud). “Funcionalmente existirá: una coordinación a nivel nacional; planificación, información y consolidación presupuestal a nivel regional; integración de programas a nivel operacional, de acuerdo a la concepción integral de la salud”.

El Consejo Nacional de Salud, presidido por el titular del Sector, sería el órgano rector y unicomando del Sistema y estaría constituido por los representantes de cada uno de sus componentes, de los trabajadores de salud, de los usuarios y de las entidades de alta responsabilidad en el campo de la salud.

En la Dirección Regional, sería donde se integran los planes y programas locales de salud, se hace efectiva la descentralización efectiva y la consolidación presupuestal y se organiza la infraestructura de servicios de creciente complejidad con la participación de la comunidad.

Lo más importante de la propuesta: “la extensión progresiva de la Seguridad Social a toda la población será el mecanismo que permitirá la accesibilidad a los servicios de salud, razón por la cual deberá desarrollarse como componente preponderante del Sistema”.

Después de más de cuarenta años de haber iniciado sus actividades el SNSS, creado a partir de la propuesta de la “minoría” de la Comisión, existe un consenso general sobre el fracaso de los resultados de su accionar cotidiano – en términos de eficacia y, especialmente, en equidad – en el cuidado integral de la salud de la población peruana.

Desde el año 2016, era caracterizado por especialistas en gestión de servicios de salud, como el Dr. Oswaldo Lazo Gonzáles, como un sistema segmentado, fragmentado, desfinanciado, en cuya gestión no participaba la comunidad.

La aplicación auténtica de la estrategia de atención de salud continúa siendo un desafío a los sistemas de salud. La pandemia mostró las grandes distorsiones en su concepción, así como las grandes falencias en su implementación, aunque también está obligando a aprender lecciones sobre la importancia de su autenticidad y de su financiamiento para la resiliencia del sistema de salud en futuras emergencias sanitarias.

Resultados indeseables y características negativas que se evidenciaron cruelmente con la aparición en nuestro país, en marzo del 2020, de la pandemia del COVID-19, que hasta ahora amenaza con el colapso de nuestro débil sistema coordinado de servicios de salud. Más aún, cuando las respuestas sanitarias a la pandemia se muestran limitadas, en términos de eficacia y de equidad, por las restricciones impuestas por los distintos contextos –políticos, económicos, sociales y culturales –en que deben ser aplicadas, así como por las debilidades internas de los actuales sistemas nacionales de salud.

Resultados indeseables y características negativas que se evidenciaron cruelmente con la aparición en nuestro país, en marzo del 2020, de la pandemia del COVID-19, que hasta ahora amenaza con el colapso de nuestro débil sistema coordinado de servicios de salud. Más aún, cuando las respuestas sanitarias a la pandemia se muestran limitadas, en términos de eficacia y de equidad, por las restricciones impuestas por los distintos contextos –políticos, económicos, sociales y culturales –en que deben ser aplicadas, así como por las debilidades internas de los actuales sistemas nacionales de salud.

La escasa y, finalmente, nula viabilidad política de la propuesta de la “mayoría” conforme se avanzaba en la segunda fase del Gobierno Militar, así como el fracaso de la aplicación de la propuesta “en minoría”, en sus diferentes variantes durante en estas últimas cuatro décadas nos lleva inevitablemente a tres reflexiones.

La primera, que toda propuesta de reforma de sistema de salud dirigida a la realización auténtica del derecho universal a la salud solo podrá ser realizable cuando forme parte de una respuesta auténtica de una nueva sociedad peruana, a ser construida, que tenga como finalidad el BIEN COMÚN. Es decir, una sociedad distinta a la actual que consciente de sí misma, conduzca el proceso de su propia transformación para adquirir los rasgos esenciales que le otorgarán, en libertad, una identidad solidaria y, por lo tanto, justa.

La segunda, a considerar que la historia muestra que nunca ha existido una utopía universalmente compartida sobre esa nueva sociedad, debido a que los actores sociales tienen diferentes concepciones de lo deseable, de lo posible y de sus obligaciones. Cada una de esas utopías tiene como protagonistas de su defensa sólo a aquellas personas o actores sociales que comparten la misma visión sociopolítica de orden o forma de vida social deseada, por razones de carácter objetivo y subjetivo.

La tercera, que llevadas las defensas de las utopías o de los intereses particulares o institucionales a sus extremos fundamentalistas se cierra toda posibilidad a un dialogo constructivo de carácter consensual, en tanto las diferencias entre los rasgos de las distintas opciones se presentan como contradictorias y los argumentos de sus particulares defensores adquieren un carácter unilateral y casi dogmático.

El señalamiento de esas diferencias no es una expresión de pesimismo o conformismo, sino de la urgencia de comenzar a actuar con una racionalidad comunicativa´, apoyando todo esfuerzo dirigido al entendimiento de todos los grupos sociales que – sin renunciar a lo esencial de sus particulares utopías – permita la construcción de una nueva sociedad peruana de carácter democrática, integrada e incluyente. Sociedad que, sólo así, estará en condiciones, en un futuro aún no previsible, de aplicar con éxito una Política General de Estado conducida de manera auténtica y transparente al logro del Bien Común; teniendo como uno de sus componentes principales una política sanitaria que garantice la salud para todos.

Por otro lado, estamos conscientes de las dificultades existentes para alcanzar ese entendimiento social, en tanto ello implica haber ingresado previamente a una nueva etapa de nuestra historia republicana –en el contexto de una nueva era del mundo occidental, iniciada con la actual pandemia –,en la cual los futuros actores sociales estarían en condiciones de tomar acuerdos creativos para enfrentar los problemas que afectan al bienestar y a la seguridad de la población, utilizando una racionalidad comunicativa . Racionalidad vinculada con el supuesto de la posibilidad (o la permanente esperanza) de un acuerdo nacional , fundamentado y legitimado –de manera equilibrada y complementaria –en los mejores argumentos científico-tecnológicos, jurídico-políticos y ético-morales expuestos en un diálogo y acordados en un debate democrático.

Al respecto de esa racionalidad, debemos advertir, que la estamos considerando la posibilidad de la existencia de un tipo especial de “utopía” o de verdad futura – implícita en los derechos humanos – entendida como una abstracción, sin tiempo determinado, que define los rasgos esenciales de lo deseado y posible, sustentado en la dignidad humana. Es ella la que lleva a tener el futuro como un horizonte y la que ha hecho posible los avances de la humanidad en dirección a la justicia, la libertad y la solidaridad. La explicitación de esta utopía es, entonces, la condición necesaria para iniciar la construcción de las otras condiciones para su realización, es decir, para que eventualmente deje de ser una mera abstracción.

Frente a las dudas razonables sobre la posibilidad de alcanzar esta nueva situación socio-histórica en un futuro previsible a largo alcance, solo nos queda evocar las palabras del escritor Anatole France cuando afirma que: “la utopia es el principio de todo progreso y el diseño de un futuro mejor”.

Aprovecho de esta oportunidad para expresar un homenaje póstumo a diez médicos y un filósofo que fueron miembros distinguido de la Comisión, así como protestar por la indiferencia u olvido inexcusables de parte de las autoridades sanitarias ante la desaparición existencial de estos personajes, no obstante los indudables aportes que hicieron al país durante su trayectoria profesional en el campo de la salud pública peruana. Nueve de los fallecidos habían sido firmantes de la propuesta en mayoría, cuatro de ellos ex miembros de La Peña.

1. 1. Alencastre, Manuel* 2021
   2. Meza Cuadra, Antonio 2016
      
   3. Becerra, Armando* 2009
   4. Sánchez Quiroz, Julio 1987
      
   5. Coloma, Ernesto* 2017
   6. Barsallo Burga, José 2010
      
   7. Rubín de Celis, Enrique* 1990
   8. Palomino César 1988
      
   9. León Ugarte, Mario 2007
   10. Vallejo, Enrique 1986
       
   11. Peñaloza, Walter 2005

* Miembro de La Peña.

Cada uno de estos once próceres de la reforma sanitaria merece un homenaje póstumo especial, pero por motivos de la naturaleza de esta exposición , nos tendremos que limitar a tratar de hacerlo a uno solo de ellos, que además de ser miembro de la Comisión de Salud fue Profesor de nuestro Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Me estoy refiriendo a Manuel Alencastre Gutierrez.

Con la discreción que le fue característica, Don Manuel falleció hace apenas siete meses, en febrero de este año, a los casi 100 años de edad. Fue tal vez sin saberlo ni pretenderlo el más distinguido sanitarista de su generación.

Nacido en la altiva Canas en nuestro Perú Profundo, trabajó como funcionario en del Ministerio de Salud Pública por 35 años, y como profesor del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de San Fernando por 25 años.

Sanitarista de “La Peña”, en el momento que fue nombrado como miembro de la Comisión de Salud, era Director General de Programas de Salud del MINSA, tenía las maestrías de Salud Pública y de Administración Hospitalaria otorgadas por Universidades de Méjico y de Brasil, respectivamente; así como estudios de posgrado en Administración Pública y de Planificación de la Salud, en las Escuelas de Administración Pública y de Salud Pública de Lima. Asimismo, era el miembro con mayor experiencia sanitaria, con 28 años de servicios.

Posteriormente a su trabajo en la Comisión, sería uno de los impulsores nacionales más importantes de la democratización plena de la sociedad y, por tanto, de la estrategia de la aplicación de la atención primaria en salud definida en Alma Ata, hasta su retiro, en el año 1985, de la Alta Dirección en el MINSA.

«DESCANSE EN PAZ DON MANUEL»